El encontronazo del Ayuntamiento de ciudad Victoria, Tamaulipas, con su sindicato de trabajadores, muestra la necesidad de remediar entuertos entre las 43 alcaldías y sus empleados. Es tiempo de rectificar, una relación contractual entre la autoridad y su burocracia, que se pervirtió por la práctica durante décadas, de complicidades, de corrupciones, de nepotismos y de centenares de sujetos en nómina que cobran sin trabajar.
El problema se fue agrandando, porque los jefes edilicios, utilizaron como pagos y reciprocidades a partidos políticos y organizaciones sociales diversas, la ubicación en las listas de pagos a miles –en todo el estado– de personas que nunca desempeñaron una responsabilidad.
Los familiares de los dirigentes sindicales, se apropiaron de los mejores sitios para lucrar con sus apellidos. Esta élite proletaria, posee salarios estratosféricos, –como ningún trabajador tiene en el mundo laboral tamaulipeco– y prestaciones majestuosas: aguinaldos gigantescos, préstamos amigables y hasta gastos mayores para servicios de salud.
Aquella perniciosa convivencia patronal-laboral, erigió masivas nóminas que hacen de los Ayuntamientos, entidades en bancarrota. Bajo la obligación de pagar a más de mil 400 trabajadores –hablamos del caso Victoria– entre ellos una burocracia dorada que devenga salarios principescos, deja a la ciudad en el desamparo ante la inviablilidad de cubrir otros rubros como la obra pública, los mantenimientos, del equipamiento urbano y el parque vehicular y otras obligaciones de similar importancia.
Es hora de limpiar la casa.
Y las de al lado: Comapas y otros organismos para-municipales que son coladeras por donde se escurren millones de pesos, que bien podrían ser utilizados para invertirse en proyectos de desarrollo social en los municipios tamaulipecos.
No se trata de vulnerar los derechos laborales de los trabajadores organizados; sería, sí, el intento de acabar con los usos y costumbres de administraciones municipales pasadas que utilizaron las listas de raya para ganar adhesiones políticas y pagar los aplausos de campaña.
En buena parte, esas conductas son parte de la crisis estructural de los servicios públicos en los Ayuntamientos tamaulipecos: han preferido los ediles, mantener una burocracia mayormente parasitaria por sobre la cubertura de necesidades sociales como agua potable, drenaje, espacios para el ocio y alumbrado.
Los jefes edilicios, han hecho lo que muchos gobernadores cuando se van: entregan jugosas plazas en el aparato gubernamental –en salud, educación, obras públicas, etc.– a sus cercanos, sin medir la enorme sangría para las administraciones estatales que les siguen.
Una grande tarea que tiene por delante, el Congreso local.
Se debe legislar en función de datos demográficos, y en porcentajes presupuestales, lo que cada Ayuntamiento puede gastar legalmente en nóminas. De lo contrario, los ediles seguirán cayendo en la tentación de dar lo que no les pertenece, a quienes ni lo desquitan ni les corresponde.
(El alcalde victorense, Lalo Gattás, ha denunciado a una privilegiada pareja sindicalista, que se lleva un aguinaldo de 800 mil pesos. ¿Habrá en el mundo, trabajadores tan afortunados?).
La nueva convivencia entre autoridades municipales y empleados, debe ajustarse a una renovada legalidad para generar una atmósfera de equidad para los sindicalistas; hoy, las burocracias sindicales en los municipios, han convertido sus agrupaciones en un espacio para el cochupo, la negociación en lo oscuro y en una entidad, donde campean la inequidad, el nepotismo y la indecencia.
Grande reto para la IV T.
La perniciosa relación Sindicatos-Ayuntamientos
