En una primera evaluación sobre el estado en que recibió la administración pública, el gobernador Américo Villarreal Anaya acusó (ante la prensa) que se encontraron serias irregularidades en seis secretarías, confirmando, así, el saqueo indiscriminado al erario; la opacidad; el desvío de recursos, y los excesos y abusos cometidos por el régimen que lo antecedió.
Derivado de eso, anunció que emprenderá acciones penales en contra de los ex funcionarios responsables. Y al mismo tiempo, ofreció un ejercicio de total transparencia y rendición de cuentas.
Las secretarías en que se han localizado malos manejos, hasta ahora, son:
+ Salud, donde inició el sexenio Lydia Madero García –quien dimitió el 7 de abril de 2017–, concluyéndolo Gloria de Jesús Molina Gamboa;
+ Educación, cuyo primer titular fue Héctor Escobar Salazar, causando baja el 12 de febrero de 2019, entrando al relevo Mario Gómez Monroy, por su estrecha relación con el ex mandatario;
+ Finanzas: María Gabriela García Velázquez, fue ungida secretaría el 30 de septiembre del 2016, pero renunció en mayo 18 del 2017, quedando en su lugar, a partir del 6 de julio del mismo año y hasta la conclusión de la administración estatal, María de Lourdes Arteaga Reyna.
+ Seguridad, que hasta el final del régimen estuvo cargo del capitán de Fragata José Jorge Ontiveros Molina, (otrora) fue administrada por Augusto Cruz Morales (se fue el 20 de julio de 2020), aunque al inicio del régimen la titularidad fue concedida al vicealmirante Luis Felipe López Castro;
+ Bienestar, donde siempre mandó galleta Gerardo Peña Flores, hasta que Yahleel Abdala Carmona tomo el control de la secretaría (concluyendo ésta su función el pasado 30 de septiembre). Por cierto, Gerardo dimitió, en marzo 27 de 2018, por primera vez al cargo, retornando (a su función) el 24 de agosto del mismo año, para renunciar otra vez el 3 de marzo de 2019; y
+ Obras Públicas, donde Cecilia del Alto López conservó el manejo de la dependencia durante todo el sexenio, aunque poco brilló por dedicarse a la asignación de obras sin mediar licitación.
Estos serían, entonces, los ex funcionarios a investigar.
Respecto a las irregularidades encontradas, Villarreal Anaya denuncia:
Secretaría de Salud.
a) La encontramos abandonada en sus obligaciones e infraestructura, sin la confianza ciudadana, dejando (ésta) de acudir a sus instancias, en detrimento de su patrimonio y salud;
b) Un contrato multianual con Intercontinental de Medicamentos S.A. de C. V., por mil 150 millones de pesos, sin suministrar desde el segundo bimestre de 2022, generando desabasto y con precios adulterados;
c) El nuevo Hospital General de Ciudad Madero, suspendido en sus obras al 61.6 por ciento de avance por severas fallas estructurales, con equipo embodegado, sin garantía por haberse comprado años antes de su instalación;
d) Equipamiento del nuevo Hospital General de Matamoros, igual, sin garantía ni instalarse.
Secretaría de Educación.
a) Estado de abandono de niños y jóvenes estudiantes; irrespeto y desconsideración a maestros y personal de centros educativos. Total, un desorden y desastre administrativo;
b) Desviaciones por 2 mil 96.5 millones de pesos de fondos y programas de los ejercicios del 2016 al 2020, detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Secretaría de Finanzas.
a) Estado arruinado y maliciosamente saqueado; víctimas las y los tamaulipecos;
b) Genera responsabilidad política y legales;
c) Acumuló una deuda histórica por más de 15 mil millones de pesos;
d) Este año el Gobierno Federal envío 56 mil millones de pesos de presupuesto a Tamaulipas; al 1 de octubre solo se dejaron 7 millones; un déficit de 2 mil millones de pesos para los tres meses que restan del año.
Secretaría de Seguridad Pública.
a) Instituciones devastadas; el gobierno anterior no solo reformó ilegalmente leyes y diezmó las competencias ejecutivas; dejó una secretaría desmantelada;
b) De la flota de 785 unidades, solo se encuentran activas 343; cuatro de cada 10 en funcionamiento;
c) Falta mantenimiento a instalaciones del complejo; limitaciones en equipo antimotines; en los CEDES inhibidores de señal obsoletos; área de alimentos en pésimas condiciones; no hay manuales de organización y procedimiento oficiales.
Secretaría de Bienestar.
a) Caos propio del clientelismo electoral. Borraron huellas de todas las malversaciones; desorden en la adscripción del personal; no hay perfiles de cargos; no hay bases de datos de los titulares de comités y coordinadores;
b) El 79.40 % del presupuesto ya se gastó, dejando solo el 20.60 por ciento para concluir el periodo 2022;
c) Un adeudo a septiembre de 4 mil 8 millones de pesos, a 301 beneficiarios del Proyecto Generadores de Bienestar.
Secretaría de Obras Públicas
a) Falta de transparencia y desorden administrativo propio de la corrupción institucionalizada; concentración de contrataciones, ampliación injustificada de los presupuestos, diferencias inexplicables. Los números provocan suspicacia y dan cuenta de las razones por las que evitaron a toda costa rendir cuentas y entregar correctamente;
b) 22 mil millones en obras contratadas muestran sobrevaloración de entre un 22 y un 25 %, correspondientes a los ‘moches’ que exigían: 4 mil 868 millones en el período anterior;
c) Diez empresas, el 1.8 % de las 561 contratadas, recibieron la mayor parte del presupuesto.
Ante tales atrocidades, ofreció emprender acciones legales.
Así que este baile apenas comienza.
Cicuta
Bien recomienda el senador Ricardo Monreal Ávila, de evitar una zopilotera política por la muerte de Faustino López Vargas.
“Hay que esperar el novenario, al menos”, dijo, como un claro mensaje a quienes ya ambicionan ser postulados a la candidatura senatorial.
La emisión de la convocatoria para el proceso electoral, no corre prisa.
Sin embargo, al menos en morena, el PAN, PRI y MC, ya se elucubran conjeturas.
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