La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 06/2023, dirigida al Secretario de Seguridad del Estado, al acreditarse diversas violaciones a los derechos humanos de un periodista cuando realizaba un reportaje en una colonia de la Ciudad de Monterrey.
Lo anterior sucedió el pasado 18 de agosto, cuando dicha persona se encontraba en el ejercicio legítimo de su profesión, momento en el que elementos de Fuerza Civil, indebidamente, le impidieron continuar con su trabajo, privándolo, momentáneamente, de su libertad, tiempo en el cual fue objeto de agresiones e, incluso, llegaron al grado de tratar de despojarlo de su teléfono celular.
Esta Comisión considera que la libertad de expresión debe protegerse lo más ampliamente posible y sus restricciones solo deben llevarse a cabo, en estricto apego, en los casos y supuestos previstos expresamente en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales, lo que no justificó la autoridad responsable.
En tales condiciones, se concluyó que se vulneraron los derechos a la libertad de expresión, a la libertad personal, a la integridad personal, a la libertad de trabajo y a la dignidad.
Entre los puntos recomendatorios que se emitieron destacan los siguientes:
• Proporcionar el tratamiento psicológico que requiera la víctima.
• Dar continuidad al procedimiento administrativo iniciado en contra de los elementos de Fuerza Civil que transgredieron los derechos humanos del periodista.
• Elaborar directrices que regulen la actuación de los elementos de Fuerza Civil con la prensa.
• Proporcionar a los elementos de Fuerza Civil los cursos de sensibilización, formación y capacitación sobre los derechos humanos, particularmente, de las personas que ejercen el periodismo.
• Participar en la mesa de trabajo que convocará este Organismo en la que se discutirán los estándares que se deben adoptar para que los elementos de Fuerza Civil puedan llevar a cabo sus funciones, sin hacer nugatorio el derecho a la libertad de expresión de los periodistas.
Además, se realizó un llamado especial al Poder Ejecutivo del Estado para que realice un estudio sobre el marco normativo local, que tenga por objeto la protección de las personas que ejercen el periodismo y evalúe, en su caso, la elaboración y presentación de una iniciativa de ley para la creación de un mecanismo de protección local para este sector de la población.
