El revés

Reza un refrán popular: cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar.
Y eso, precisamente, deben hacer los candidatos panistas a diputados locales por la vía plurinominal, tras el descalabro a su jefe Francisco Javier García de Vaca, propinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sobre todo, cuando el partido albiceleste simuló reponer el proceso de selección de abanderados a curules de representación proporcional, que le fue ordenado por el Tribunal Electoral de Tamaulipas.
Los inconformes presentaron, nuevamente una queja ante la instancia de justicia electoral; y de no cumplirse satisfactoriamente con la resolución, lo más seguro es que el PAN se quede sin diputados plurinominales.
Pero, eso esa es otra historia.
Así que retomo el tema de Francisco Javier:
El día 12 que nos antecede, la magistrada Janine Otálora Malassis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuso revocarle la candidatura ‘porque está prófugo de la justicia’ exponiendo que existen dos órdenes de aprehensión en su contra sin I) haber prescrito la acción penal; y II) porque se ha sustraído de la justicia para evitar la acción penal.
Los delitos, por los que se le persigue, son a) Delincuencia organizada para operaciones con recursos de procedencia ilícita y b) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, dijo la árbitra.
Y fue más allá al considerar que pese a que hay un amparo concedido por el juzgado octavo de distrito la orden de aprehensión sigue vigente, “ya que, al haberse iniciado con la imputación por delitos graves, los efectos de la suspensión, e incluso de las sentencias de amparo, del 30 de noviembre de 2023, conforme a la legislación aplicable, no tiene como efecto que ésta pierda vigencia’, en el primer caso.
En el segundo su proyecto fue que ‘se encuentra prófugo de la justicia’ por contar con dos alertas migratorias (por la citada orden de aprehensión), solicitadas por la Interpol y la Fiscalía General de la República (FGR).
Tres días más tarde (abril 15), el abogado de García Cabeza de Vaca, Javier Coello Trejo, dijo que un tribunal colegiado concedió una suspensión al exgobernador, en contra de cualquier orden de captura por cualquier tipo de delitos, incluidos los de prisión preventiva oficiosa.
Pero no ofreció pormenores.
Sin embargo, el proyecto de la magistrada electoral Janine Otálora, en la víspera fue votado a favor por la mayoría del pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La resolución consigna: “Se revoca el registro del candidato al resultar inelegible, porque se acredita la suspensión de derechos políticos prevista en el Artículo 38, fracción quinta de la Constitución General, al actualizarse las condiciones necesarias para considerar que está sustraído de la acción de la justicia”.
En esta ocasión, Francisco Javier sufrió un fuerte revés. Y lo que sigue es que la Fiscalía General de la República lo aprehenda para que responda a las causas penales 139/2021 y 51/2024, a las cuales ésta da seguimiento como igual la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de su competencia.
Derivado de ese resolutivo del Tribunal, se deduce que la persecución en contra suya, que acusa Francisco Javier García Cabeza de Vaca como política, realmente es judicial. Obedece a una nueva orden de aprehensión girada en su contra, por su probable comisión de delitos graves.
Por ello, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta a su personal para verificar, registrar e informar sus movimientos de ingreso y/o salida en los puntos de tránsito internacional atendiendo una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
En la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) también se prepara una ‘ficha roja’, para aprehenderlo –en cualquier país–, a fin de enviarlo a México para que acá responda por sus ilícitos del fuero federal; y quizá por otros del fuero común, cometidos en su ejercicio gubernamental que, por cierto, podrían extenderse conforme la investigación avance, para fincársele más delitos como peculado, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, encubrimiento, tráfico de influencias, desacato, obstrucción de la justicia… cuando menos, que igual tendría que probarlos la autoridad ministerial para llevarlo al cadalso.
El punto de partida sería una revisión profunda a su patrimonio.
Y el obstáculo para su aprehensión ya lo quitó el Tribunal Electoral, al negarle la posibilidad de tener fuero para evadir la ley.
Tan bien lo sabe Francisco que difícilmente regresaría a México por su propia voluntad.
Recuérdese que huyó de Tamaulipas el 28 de septiembre de 2022.
En los regímenes presidencialistas de Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el hoy prófugo de la justicia conservó privilegios como diputado federal (2000-03), presidente municipal de Reynosa (2005-07), diputado estatal (2008-10), senador de la República (2012-16) y gobernador.
Sin embargo, con Andrés Manuel López Obrador embistió a tontas y a locas por creerse todopoderoso.
Ahora, por lo pronto, anda a salto de mata.
En el terreno electoral ya no tiene cabida.
Y ante la justicia, hay que ver qué tan cierta es la suspensión que dice Coello Trejo le otorgó un tribunal colegiado en contra de cualquier orden de captura por cualquier tipo de delitos.
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