Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin duda fue un atraco al erario de Tamaulipas el más grande en los seis años, por más de cuatro mil millones de pesos.
Era deuda pública disfrazada como APP (asociación pública privada), en
que el Gobierno del Estado pagaba poco más de 60 millones de pesos
mensuales a la empresa Tres10, S.A. de C.V. ¿quiénes son los socios? por
servicios de videovigilancia en carreteras y zona urbana.
Con el visto bueno de su jefe, firmaron el contrato (inicial y adendas) de
73 páginas, César Verástegui Ostos, secretario General; Miguel Angel
Villarreal, de Administración, y la jefa de Finanzas, María de Lourdes
Arteaga.
Por la empresa signó Alain Ramos Padilla, quien dio como domicilio una
calle de Bosques de las Lomas, delegación Cuajimalpa, Ciudad de México.
Todo con alevosía y ventaja, desde la asignación directa del contrato (sin
licitación como dice la Ley), hasta dos modificaciones leoninas.
Fue firmado a mediados de año, pero con vigencia a partir del 27 de
diciembre del 2019 (cuando habían comenzado las obras), luego de
autorizarlo el Congreso del Estado.
Se llamó “Servicio de red de Seguridad Pública para el Estado de
Tamaulipas”, que incluía la construcción de un C-5 en Reynosa y dos
regionales en Victoria y Madero, compra de cámaras de videovigilancia y
mantenimiento hasta diciembre del 2025.
Los panistas querían llevarse el dinero. No solo saquearon lo material,
hay sospecha que traficaron con información sensible y datos recabados por
el sistema ¿lo entregaron a los delincuentes? Es posible. Hay una denuncia
en la Fiscalía del “carnal” Irving Barrios.
El contrato dice que “las imágenes, vídeos, audios, registros, bases de
datos, y cualquier otro tipo de información que se genere de la prestación del
servicio” serán propiedad del Gobierno del Estado ¿cumplieron?
Otra parte del compromiso menciona que «el desarrollador se obliga a no
divulgar la información que obtenga con motivo de la implementación de
servicio, salvo autorización previa y por escrito de el contratante» ¿lo autorizó
Don Truco?.
Este martes el Congreso del Estado hizo el trámite de anular la
asignación económica de más de 60 melones mensuales para Tres10,
vigente hasta diciembre del 2023, pero que desde mediados de ese año la
empresa dejó de prestar servicio. Se les rescindió el contrato por voraces.
Documentos de la investigación calculan que las obras requirieron una
inversión de 1,500 millones, pero ellos cotizaron en 2,619 “sin incluir el IVA”.
Según la Contraloría de la 4T, el gobierno cabecista no exigió la fianza de
garantías, hasta por el 10 por ciento del importe total anualizado (sobre 720
millones), renovable cada año.
Tampoco concluyeron las obras ni dieron mantenimiento al sistema de
cámaras. No había el servicio. El Gobierno de Américo contrató a otros
prestadores.
La garantía del pago de los “abonos” fue el presupuesto del Estado y
participaciones federales, a lo cual se creó un fideicomiso de administración
con un banco que parece “patito”, Banca Mifel, a donde llegaba la lana y este
pagaba a la empresa puntualmente cada mes.
Sin embargo, transfirió casi 500 millones de pesos (del fondo), cuando el
gobierno de Tamaulipas acordó dejar de pagar, por incumplimiento de
contrato con fecha 23 de mayo del 2023.
Aun así el compromiso siguió vigente hasta diciembre de ese año,
pagando dos abonos por indemnización a la empresa.
Por esos pagos ilegales que hizo el banco, la 4T Tamaulipas presentó
denuncia penal ¿en qué situación se encuentra?.
Tan fuera de la Ley se hizo la asignación -directa-, que los firmantes del
Gobierno de Cabeza de Vaca aceptan que Tres10 no tenía recursos propios
para el proyecto y conseguiría financiamiento.
Igual que la firma Comunicación Segura, a la que habían acudido en plan
de cotizaciones, decidió integrar la nueva exclusivamente para dedicarse a
Tamaulipas, según modificaciones al contrato primigenio que se hicieron con
fecha 19 de diciembre de ese 2019, para darle más ventajas a los
empresarios.
Otra modificación se había dado el 29 de noviembre, siempre en perjuicio
del Estado. Por ejemplo, el IVA de las facturas de Tres10 lo pagaba el
Gobierno del Estado.
Sospechosismo de corrupción premeditada.
La autorización del Congreso del Estado se publicó en el POE el 25 de
diciembre de 2018.
El 28 de mayo 2019 Verástegui y Villarreal Ongay emiten dictamen de
adjudicación directa a una empresa “fantasma”, porque Tres10 fue creada el
13 de junio del 2019 ante el notario Alejandro Caballero Gastélum, fíat 150
del Estado de México.
La registraron con fecha 20 de septiembre “en el registro de Comercio de
la ciudad de Matamoros, Tamaulipas”.
Hay amparos. El uno de junio de 2023 la empresa fue beneficiada con
suspensión, pero resolvieron colegiados ¿cuál es el estado que guardan?
¿finiquitaron los litigios?.
A nivel Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez retornó este martes a sus
funciones, luego de ganar la reelección. Se reunió con integrantes de su
gabinete para evaluar programas y avances .
“Con toda enrgía y convicción me reincorporo a mis funciones,
seguiremos trabando por más y mejores oportunidades para nuestra capital”,
dijo.
