El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, al participar en ‘la mañanera’ de Claudia Sheinbaum Pardo, en la víspera, dio a conocer el nuevo programa denominado ‘Cosechando soberanía’, que va encaminado a aumentar la producción del maíz, frijol, leche, sorgo, cebolla, jitomate y chile, entre otros productos, que impactan en los precios que las familias pagan por ellos.
Los favorecidos serían casi 600 mil pequeños y medianos productores de los municipios en que se detectaron altos niveles de pobreza, a quienes se apoyará con créditos, seguros y la comercialización de sus productos.
De entrada, es correcto que el Gobierno Federal voltee sus ojos hacia el campo. Sobre todo porque durante décadas éste ha estado en el olvido.
Y lo sostengo porque, la grave crisis que enfrenta el campo mexicano, de ningún modo podrá aliviarse 1) echándole la culpa a los agricultores, 2) dando todas las facilidades a los productores extranjeros –tal y como está contemplado en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)–, ni 3) perdiendo el tiempo buscando culpables de este deplorable fenómeno provocado por el mismo hombre, para dar paso al análisis que permita encontrar soluciones tangibles que contribuyan a recuperar (la mayor) parte de lo perdido y, sobre todo, ofrecer que se revisen los términos de ese acuerdo comercial que pone en desventaja a los agricultores de acá de este lado del río Bravo.
Pero esto sólo se lograría habiendo disposición; cuando los intereses comunitarios en verdad rebasen los intereses personales, de grupo o de partido, y se esté convencido de que sólo beneficiando a los que menos tienen es la mejor manera de avanzar juntos para enfrentar la globalización que amenaza con aniquilar el campo mexicano.
Durante los últimos días, una y otra vez, se han escuchado voces que invitan a defender los intereses del sector agropecuario.
Pero han sido pocas las que plantean cómo y cuándo hacerlo, sin que se piense que sus emisores lo hacen única y exclusivamente para llamar la atención; buscar los reflectores o simple y llanamente por mera demagogia, como podrían ser los casos de los dirigentes agrícolas, que nada coherente plantean al respecto y sí, por el contrario, coinciden en señalar que el campo mexicano no puede esperar más.
No sólo porque ya se ha esperado demasiado, casi un siglo, sino porque la entrada en vigor del T-MEC, en lo que respecta a la agricultura y ganadería, ha activado una verdadera bomba de tiempo.
Y no es cuento.
Por eso Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido ponerle atención a este sector tan abandonado por los regímenes priistas y panistas.
Algunos analistas refieren que el ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, como sus antecesores, durante su régimen evidenció su falta de interés para atender adecuadamente a los campesinos de México.
Y más: su carencia de sensibilidad para evitar la confrontación con los agricultores, que, en tiempo y forma, tildaron su política en la materia como un acto de provocación, pues éste no descansó en recriminarles que no aceptaran, como suya, toda la culpa por la crisis que atraviesa el campo, al que poco le invirtió recursos federales.
Cito lo anterior por creer que el tabasqueño, con esta su actitud, quiso aminorar los reclamos en su contra.
De cualquier forma, no se puede soslayar que los membretes campesinos, durante décadas, también le han causado serios estragos al sector.
Y cabe recordar que hasta 1970 el tipo de organización social, política y económica que manipulaba a los hombres del campo se ajustaba al corporativismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Bajo este esquema, precisamente, operaban las confederaciones Nacional Campesina (CNC) y Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), que para el priismo cumplían métodos de control político y autoritario sobre los ejidatarios y pequeños y medianos propietarios rurales.
Pero todo por servir se acaba, reza un refrán popular, y a fin de no perder control por el descrédito en el que habían caído esos membretes, el mismo PRI –cuando estaba enquistado en el poder–, financió el surgimiento de otros grupos dizque defensores del agrarismo, como la unión General de Obreros y Campesinos Mexicanos (UGOCM), la Confederación Campesina Independiente (CCI), y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).
Con tres metas bien marcadas:
1) La regulación del acceso a los recursos naturales;
2) La legitimación de la representación social en las comunidades, los municipios y los estados; y
3) La planeación de la producción agropecuaria mediante el control de precios, la comercialización y la asesoría técnica.
Es obvio que el esquema resultó un fiasco, porque fuera de teorías y palabrería barata, en la práctica los campesinos resultaron mayormente explotados y se les utilizó, de entonces a la fecha, como carne de cañón en los procesos electorales.
Los regímenes presidenciales del Partido Acción Nacional (PAN) en su oportunidad, aún hicieron menos por los campesinos, orillándolos a emigrar por los altos costos de producción e infames tarifas de comercialización; al retirarles apoyos y privilegiar la entrada de granos extranjeros al país.
En fin, prometer no empobrece, reza el refrán, así que la palabra de la señora presidenta despierta la esperanza campesina.
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