La impertinencia que Donald John Trump asoma para calificar la lucha en México contra el narcotráfico, merece el rechazo y la desaprobación unánime de nuestro pueblo.
Sobre todo, porque el presidente electo de la Unión Americana no es capaz de negar que el origen del narcotráfico, a nivel mundial, se encuentra en la enorme demanda de estupefacientes de la sociedad estadounidense.
Sin embargo, el precio y las consecuencias de esa ley del mercado y su solución pretenden endosárnosla, de manera injusta y prepotente, con su correspondiente costo en materia de seguridad pública, criminalidad, violencia y hasta desprestigio.
Es además totalmente injusto identificar con las instituciones de gobierno a los funcionarios policiacos que de manera individual sucumben ante la tentación de ganancias fáciles provenientes del narcotráfico.
En México, la Federación, junto con los estados que la integran, se han convertido en el ‘pararrayos’ que evita una mayor oferta de drogas para el ávido mercado norteamericano.
Véanse si no las estadísticas sobre los cientos de toneladas de enervantes decomisados, destruidos e incinerados en los últimos años.
Pero de manera dolosa, Trump ha encontrado, en las acusaciones sin fundamento, un rico filón para presionar a nuestro país con el fin de que (en su segundo régimen presidencial) someta su soberanía a los dictados de las corporaciones policíacas –como la Drug Enforcement Administration (DEA)–, aunque haya quienes sugieran que tan sólo se trata de un intento por crear una policía binacional.
Sólo que en esta ocasión es necesario advertirle a Trump, de cara al mundo entero, que cuando Estados Unidos tenga menos viciosos en su territorio, menos será también el tráfico de enervantes, pues demostrado está que por la incesante demanda todos los delincuentes quieren utilizar nuestro suelo para satisfacer la glotonería yanqui.
Código desfasado
En éste su primer período ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional, la LXVI Legislatura del Congreso local podría por fin atender una demanda prioritaria del pueblo tamaulipeco, si acaso los 36 diputados decidieran dar paso a la discusión de reformas al Código Penal.
De esta forma se atendería uno de los reclamos más urgentes de la sociedad en su conjunto, pues el castigo a la delincuencia se ha convertido en una prioridad si acaso el objetivo es aminorar la inseguridad pública.
Con las modificaciones jurídicas, la nueva reglamentación podría facultar a los jueces a utilizar criterios propios para evaluar las circunstancias en que fueron cometidos los delitos, y al mismo tiempo determinar la peligrosidad de los responsables, para que éstos no muy fácilmente ganaran nuevamente la calle para volver delinquir.
La esperada reforma es urgente, también, porque hay que detener la ola criminal que se extiende por los 43 municipios del estado; y porque no hay rincón donde todo tipo de hampones no haya sentado sus reales, tal y como se ha documentado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Otrora, en Tamaulipas se generaba un delito cada hora. Pero hoy ese índice ha disminuido, sin que esto signifique que la lucha contra el crimen esté a punto de concluir, sino que ha entrado en un impase según se ve a lo largo y ancho del territorio estatal.
¿Y cómo estarán las cosas que algunos gobiernos municipales ya buscan implementar, junto con la ciudadanía, modelos de defensa para hacerle frente a la criminalidad?
Incluso existe, como usted bien lo sabe, una ley (federal) de uso de armas de fuego para la autodefensa, ante la impotencia de los cuerpos policiacos que han perdido el control sobre el hampa.
Aunado a ello, en una malentendida defensa de los derechos humanos, diversas organizaciones no gubernamentales han logrado que consumados delincuentes, poco después de ser encarcelados, alcancen nuevamente su liberación para seguir trasgrediendo la ley, agredir y causar daño y dolor a sus semejantes.
De ahí la importancia de reformar el Código Penal.
Y de ahí, también, la razón para que haya mayor rigidez en el otorgamiento de beneficios penales, pues estos sólo deben brindársele a quienes muestren ausencia o nula criminalidad.
Esperemos.
Medición de fuerzas
El alcalde de Reynosa acusó al Congreso local con su mamá…
Por eso, Maki Esther Ortiz Domínguez arremete contra los diputados.
En su calidad de senadora de la República –representando a San Luis Potosí–, la política chihuahuense promueve un extrañamiento de la cámara alta porque, a su Carlitos Peña Ortiz, el Poder Legislativo de Tamaulipas no le autorizó un incremento del 10 por ciento al impuesto predial.
De acceder a su petición, el Senado estaría violentando la constitución que da autoridad al Congreso local para legislar al respecto.
Lo cierto es que los ‘makiavélicos’ no entienden de razones.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
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