La participación ciudadana en la contienda para elegir juzgadores federales y estatales, sería del 8 al 15 por ciento de la lista nominal, según advierte la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.
O sea, se corre el riesgo de que más de 85 millones de ciudadanos, se abstengan. De los 100 millones 537 mil 828 con derecho a voto, dejando la decisión electiva a la minoría.
Esto ocurre, en primera, por el desinterés de los candidatos para hacer campaña territorial, pues están más ocupados en reiterar los vicios que hay en el sistema judicial; y en segunda, porque las autoridades electorales con todo y el presupuesto millonario que tienen para organizar el proceso, no le invierten a la promoción de éste.
Merced a lo anterior, surge la necesidad de hacer un simple ejercicio de reflexión, pues quizá de esta forma podríamos detectar el conjunto de elementos que inciden negativamente en el proceso comicial e inhiben la participación ciudadana.
Pero se debe aceptar que aun con todos y cada uno de los recursos legales, monetarios, de infraestructura y humanos que aparecen en toda justa, la fuerza del electorado sigue teniendo presencia marginal, sea por convicción, omisión o cualquier otra razón de la autoridad electoral.
Ya ve usted que hasta en las contiendas políticas donde los rostros de los candidatos sí se conocen y se les ubica por partidos, el abstencionismo se ha enseñoreado contaminando hasta a un 60 por ciento del electorado.
Esto quiere decir, entonces, que en México manda la minoría, porque así lo dispone la mayoría.
Es todo un galimatías. Y lo que es peor, enmarcado en la legalidad.
Ahora bien, si consideramos que el nuestro es un sistema democrático donde cada ciudadano tiene derecho a alcanzar o conservar el poder, aún el judicial, entonces nos encontramos ante una contradicción evidente.
Es decir, México es un país atípico, pues tiene en los poderes Ejecutivo y Legislativo autoridades surgidas de un proceso abierto y plural, que la ley ampara, pero carente de fuerza moral y representatividad, pues han sido los menos quienes los impusieron en los cargos.
¿Así ocurrirá con el Poder Judicial?
Confianza perdida
Una lectura que quizá mejor explica esto, es que los sufragantes, ya frente a las urnas, se abstendrían de apoyar a determinados candidatos porque ni siquiera los conocen y menos sus propuestas que, aparentemente, les son presentadas en campaña.
Otra arista apunta en el sentido de que la base social ya ha perdido, luego de innumerables decepciones, la confianza en las estructuras del poder y hacia quienes lo aprovechan de manera grupal o personal, pues sólo se le toma en cuenta para votar y no para postular libremente a los candidatos.
Engaños, falta de seriedad, incongruencia y cinismo, son algunas actitudes y conductas que han abonado a ello.
¿Y cómo podría ser de otra manera, si a los principios, valores propios de una sólida cultura democrática se le antepone el vil, llano y salvaje pragmatismo, que todo lo convierte en acciones de compra-venta?
La mística de servicio naufragó, antes y ahora, en el chiquero que representan los escándalos en los que, con pena y todo, siguen inmersos partidos y personajes de prosapia.
Se vive una época de hartazgo, donde los medios de comunicación masiva –principalmente los electrónicos monopolizados–, han hecho de su noble tarea un monumento al amarillismo y desorientación ciudadana, porque así conviene a los mismos actores de la simulación democrática.
La frecuencia del spot y la mercadotecnia en general, han demostrado el poco compromiso con la población y su propensión a magnificar los escándalos y y ausencia de campañas.
Por tanto, se percibe la demagogia reiterada, la pobreza del concepto y algo igual o más grave: el despilfarro de dinero por parte del organismo regulador del proceso.
Y no resulta descabellado pensar que el acarreo de votantes que pudiera darse el día ‘d’ provendrá del erario, de empresarios ‘generosos ‘ o la delincuencia organizada.
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