Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tras un análisis exhaustivo de los decretos emitidos por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, relativos a la Ley de Transparencia, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Entidades Paraestatales y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Contraloría Gubernamental, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, informa que el único instituto que se extingue es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas (ITAIT).
Este ajuste, dijo, responde a lo dispuesto por la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, publicada el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, la cual ordena la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como de los organismos garantes en las entidades federativas.
«Con base en las nuevas disposiciones de legislación secundaria, las atribuciones del ITAIT serán asumidas por los nuevos entes garantes en el estado. En el caso del Poder Ejecutivo, dichas funciones serán responsabilidad de la Contraloría Gubernamental, a la par de la creación del órgano desconcentrado ‘Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas’, y la Contraloría Gubernamental cambiará su denominación a ‘Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno’, en un proceso de homologación con la estructura federal», mencionó Norma Angélica Pedraza Melo.
En lo que respecta a la reforma a la Ley de Entidades Paraestatales, se aclara que ninguna entidad paraestatal del Poder Ejecutivo se extingue, y se confirma que sus titulares conservan el carácter de directores generales.
De igual forma, se hace del conocimiento público lo dispuesto en el artículo 20, numerales 1 y 2, de la citada ley, que establece lo siguiente: Artículo 20. 1. La Dirección General o Dirección tiene a su cargo la administración de la entidad paraestatal; 2. La persona titular de la secretaría que tenga la coordinación del sector, previo acuerdo con la persona titular del Ejecutivo, determinará el nivel jerárquico con el que contará la persona titular de la entidad paraestatal, en función del presupuesto asignado, las responsabilidades conferidas, volumen de trabajo y el número de personas servidoras públicas adscritas.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso con la transparencia, la simplificación administrativa y el fortalecimiento de un gobierno abierto, cercano y responsable ante la ciudadanía.
ACLARA CONGRESO: NO DESAPARECEN INSTITUTOS CON LA REFORMA
“Los Organismos Públicos Descentralizados no se están desapareciendo”, aclaró el Diputado Adrián Cruz Martínez, Presidente de la Diputación Permanente que funge durante el receso en que se encuentra el Congreso Local.
Ante diversas versiones difundidas en algunos medios de comunicación, el legislador aclaró de manera categórica, que la reciente reforma a la Ley de Entidades Paraestatales no contempla la desaparición de ningún instituto ni organismo público descentralizado (OPD).
La modificación aprobada por la Legislatura 66, explicó, tiene como finalidad hacer más eficiente el ejercicio del gasto público y establecer criterios más justos y proporcionales en las remuneraciones de quienes encabezan estos organismos.
Hasta antes de la reforma, abundó, todos los titulares de los OPD tenían automáticamente el rango de Directores Generales, lo que implicaba percepciones salariales iguales, sin distinción alguna respecto al tamaño, funciones o responsabilidades del organismo a su cargo.
“A partir de la modificación, el rango jerárquico del titular de un OPD será determinado por el titular de la Secretaría a la cual se encuentre adscrito el organismo, en acuerdo con el Gobernador del Estado, pudiendo asignarse como Director General o Director de Área, según corresponda”, precisó Cruz Martínez.
Dijo que este cambio no afecta en lo absoluto la existencia legal de los organismos, ni su operación, ni sus objetivos, ni su presupuesto operativo: simplemente se corrige un criterio generalizado que no distinguía entre la complejidad y relevancia de cada entidad.
La reforma permite ahora que el nivel jerárquico y el sueldo del titular se ajusten a esa realidad administrativa.
Destacó que para que un OPD sea eliminado, tendría que derogarse formalmente el decreto de creación o las disposiciones legales que le dan vida. Eso no ha ocurrido ni está contemplado.
Esta reforma -apuntó- fortalece el uso responsable de los recursos públicos, fomenta la proporcionalidad entre responsabilidad y remuneración, y garantiza que el dinero del pueblo se utilice con eficiencia y justicia.
”El Congreso del Estado reitera su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta información hacia la ciudadanía”, concluyó.
