Los crímenes de estado, cometidos en el régimen gubernamental de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por fin empiezan a esclarecerse.
Y hasta donde sé, algunos ya están documentados, lo que podría generar su judicialización para que él y su gavilla paguen por tanta atrocidad.
Se lo comento porque hace seis años, concretamente el 5 de septiembre de 2019, en Nuevo Laredo se cometió un crimen de estado, cuando el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), creado por el entonces mandatario estatal, secuestró, torturó y masacró vilmente a ocho personas.
En consecuencia, la CNDH ha resuelto que el Gobierno estatal debe reparar los daños a las víctimas indirectas, pues los asesinos formaban parte de una corporación policial al servicio del gobierno, aunque hayan sido separados de la corporación para proteger al autor intelectual del artero genocidio.
Sin embargo, con la recomendación de la CNDH y lo que dictamine la Comisión Estatal de Víctimas para la reparación del daño, habría elementos suficientes para promover una denuncia penal en contra suya y de quien ordenó directamente la ejecución: O sea, Francisco Javier, ya que los ‘gopes’ sólo acataban órdenes suyas.
Hasta ahora, sé que por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya se ha proporcionado a las personas afectadas atención médica y psicológica, y está dispuesto a la reparación integral del daño, aunque su administración sea ajena al hecho.
Acorde con el expediente CNDH/2/2022/12263/VG, los elementos del Grupo de Operaciones Especiales que actuaron con absoluta impunidad, bajo las órdenes de García Cabeza de Vaca, además de asesinar a las ocho personas, cometieron violaciones graves a los derechos humanos establecidos en los estándares internacionales, por el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego.
Una vez cometida la masacre, los ‘gopes’ adscritos al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), que actuaron con total impunidad durante el gobierno anterior, fabricaron pruebas para simular que el asesinato de las ocho personas ocurrió en un enfrentamiento, lo cual fue una mentira más de las muchas que sembró el ex gobernador, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el mismo día 5 de septiembre de 2019 dio a conocer que habían ‘abatido’ a civiles armados, pero meses después quedó al descubierto lo sucedido: las víctimas eran personas principalmente jóvenes, secuestradas en diferentes puntos de Nuevo Laredo y llevadas a un domicilio, donde los obligaron a ponerse unos ‘uniformes’ para luego asesinarlas.
Al verse descubierto el montaje, el día 12 de agosto de 2022, el Gobierno de Tamaulipas reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas públicas a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes.
Inclusive, para curarse en salud, reconoció la violación de los derechos humanos de las víctimas por parte de los integrantes de las corporaciones policiales, quienes, aseguró, actuaron en forma unilateral, ilegítima e indebida, alterando la escena y fabricando un presunto acto delincuencial.
De cualquier forma, nunca reconoció que los ejecutores del GOPE sólo recibían instrucciones directas del entonces gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; y que, si actuaron en consecuencia para masacrar a 5 hombres y 3 mujeres, lo hicieron por órdenes directas suyas.
Así que no hay que buscarle tres pies al gato.
Por Juan Sánchez Mendoza
