El Grupo Parlamentario de MORENA y del Partido del Trabajo presentaron ante el Pleno Legislativo una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado y diversas leyes secundarias, con el objetivo de prohibir que los órganos constitucionales autónomos inviertan recursos públicos en títulos, valores o acciones de bolsa sujetos a riesgo o variación de mercado.
La propuesta busca garantizar que cada peso del Presupuesto de Egresos se aplique únicamente en los fines públicos para los que fue autorizado, asegurando transparencia, eficiencia y protección del patrimonio estatal.
En la exposición de motivos, los legisladores destacaron que en los últimos años se han registrado inversiones de recursos públicos en instrumentos financieros de riesgo, lo que ha generado pérdidas y subejercicios que afectan directamente a la sociedad.
Como antecedente, mencionan el caso del banco Accendo, en el que la inversión de más de 200 millones de pesos terminó comprometida tras la quiebra de la institución financiera.
La iniciativa contempla reformas a la Ley de Gasto Público, la Ley Electoral, la Ley de Medios de Impugnación Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley Constitutiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, con la finalidad de armonizar todas las disposiciones legales con el mandato constitucional de proteger los recursos públicos.
Además, establece que los órganos autónomos que actualmente tengan inversiones en bolsa deberán retirarlas y reintegrar los recursos, junto con sus rendimientos, a la Secretaría de Finanzas del Estado, dentro de los 45 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto. La Secretaría de Finanzas emitirá los lineamientos para asegurar la transparencia y correcta incorporación de dichos recursos al erario estatal.
Con esta iniciativa se busca fortalecer la administración responsable del dinero público y la confianza ciudadana en las instituciones, garantizando que los recursos se apliquen de manera inmediata en beneficio de la población tamaulipeca.
La acción legislativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda y de Administración.
