• El Gobierno Federal debe apostar por aprovechar el potencial del nearshoring para desarrollar todas las regiones del país.
• Cancelar la posibilidad de nuevas concesiones para uso industrial en 16 entidades del país atenta contra la certidumbre jurídica y el potencial del país para atraer inversiones.
Durante la presentación de las bases de licitación para los “polos de desarrollo” del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, anunció que en los próximos días se publicará un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones de agua para uso industrial en 16 entidades, ubicadas en las regiones Norte y Bajío bajo el argumento de la baja disponibilidad del recurso. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó esta propuesta con un enfoque de competitividad, por lo que concluye que esta medida pone en riesgo nuevas oportunidades de desarrollo para estas regiones del país.
A pesar de que durante la última década el país ha visto un incremento de las sequías en más del 70% del territorio y que tanto el Norte como el Centro (incluido el Bajío) del país padecen de estrés hídrico, el otorgamiento de concesiones debe estar sujeto a la disponibilidad específica de cada cuenca y el volumen requerido para cada inversión, a criterios técnicos, no políticos.
En este sentido, el sector industrial es responsable del consumo de únicamente el 5% del agua concesionada a nivel nacional, mientras que el sector agropecuario consume 76% del líquido, el abastecimiento público 15% y la generación eléctrica 4% (ver gráfica). Por ello, cancelar la posibilidad de nuevas concesiones industriales en el Norte y Bajío tendría un impacto mínimo en la disponibilidad de agua en esas entidades. A lo anterior, hay que agregar que no son pocas las empresas manufactureras operan principalmente con aguas tratadas, donde no hay rivalidad con otros usos, como el consumo humano.
El anuncio responde al objetivo de la actual administración de detonar mayores niveles de inversión en el sur-sureste -específicamente en los estados del Corredor, Oaxaca y Veracruz- con el argumento de que esta región cuenta con suficiente disponibilidad de agua para atraer industrias.
De publicarse en el DOF, la prohibición de nuevas concesiones en el Norte y Bajío difícilmente atraería industrias a localizarse en la zona del Corredor. El agua solo es uno de múltiples factores al momento de definir una decisión de inversión. Es necesario considerar la conectividad logística para acceder a los mercados, la suficiencia de energía (específicamente gas natural y electricidad), la disponibilidad del talento, la cercanía con proveedores y un entorno de certidumbre jurídica y de seguridad física para los trabajadores.
En lugar de prohibir las nuevas concesiones en la mitad de las entidades del país, la respuesta al estrés hídrico debe ser contar información actualizada sobre la disponibilidad de cada cuenca, promover la reducción de la huella hídrica de las distintas industrias (incluyendo el uso de agua tratada, captación de aguas pluviales, entre otras medidas) y un mejor monitoreo y vigilancia del uso racional del agua para evitar la sobreexplotación.
En el fondo, los beneficios de la regionalización de las cadenas de valor -nearshoring- no deben verse como un juego de suma-cero, sino como una oportunidad de desarrollo para todas las regiones del país.
