La inseguridad pública es una asignatura que el Gobierno Federal aún no atina resolver, pese a los miles de millones de pesos invertidos en su lucha contra la delincuencia organizada y al apoyo táctico-económico del país vecino del norte, según lo han publicado cotidianamente los medios de comunicación masiva, por lo que sería insensato negar que la población lo más que busca en boca de los funcionarios son ofertas para devolver al país la tranquilidad, paz y armonía.
Esto en el entendido de que, las policías estatales, de ningún modo remediarían directamente el problema, por ser éste responsabilidad exclusiva de la Federación, que, al menos hoy y de cara a la sociedad, tiene la oportunidad de contribuir a su solución elaborando estrategias serias y tangibles para ponerlas en marcha en lo inmediato, si acaso la señora presidenta decidiera tomar en cuenta su opinión para combatir a la delincuencia organizada, sin distingo de colores, credos, raza ni ideología.
Sin embargo, no es con discursos rimbombantes ni declaraciones estridentes como se podría aportar al respecto, sino con ideas sensatas, proposiciones derivadas de una consulta aplicada en forma y a fondo, planteamientos serios y, sobre todo, un proyecto equilibrado donde el beneficio comunitario se anteponga a otros intereses.
Por ello, considero interesante recoger las demandas, exigencias y hasta súplicas que la sociedad civil hace a través de marchas por la paz, en su búsqueda de acabar con la psicosis, el terror y zozobra derivados de acciones cruentas; o reclamando la aparición de sus parientes extraviados.
Discurso gastado
La población de ningún modo pretende encontrar en la boca de los políticos resultados mágicos, pero sí un mensaje coherente que evidencie compromisos y el conocimiento acerca de lo que éstos ofertan como solución.
Me explico: si se trata de combatir la delincuencia, lo más indicado es que digan cómo planean hacerlo, pues no basta con echarle la culpa a otras instancias ni exigir ajustes de personal en las dependencias encargadas del asunto o modificaciones orgánicas, sino de ir al fondo de estos asuntos que se han convertido en un fenómeno estructural y amenaza la tranquilidad familiar, tanto en la zona norte como en el centro y sur de México.
Por tanto, el reclamo ciudadano es vigente y válido, en virtud a que transcurre el tiempo sin que la Federación atienda puntualmente su responsabilidad; y las asignaturas pendientes se han convertido en un círculo vicioso, dada la ineficacia en materia de seguridad pública.
Igual es entendible que la población se sienta agraviada y exija algo más que la buena y noble voluntad del Gobierno Federal, en su quehacer de eliminar un problema cuya responsabilidad es de suyo exclusivamente.
Merced a lo anterior, el cuestionamiento es elemental:
¿Por qué tendríamos que creerle a tal o cuál funcionario, si en más de una ocasión hemos escuchado brillantes piezas oratorias sobre la problemática que sufrimos y al respecto, en el mejor de los escenarios, poco se ha resuelto?
¿Oferta válida?
En la Ciudad de México, al estrenarse como secretario de Seguridad, Omar García Harfuch dio a conocer la nueva estrategia del Gobierno Federal en su lucha contra la delincuencia organizada, tras reconocer que (por parte de las fuerzas armadas) ha habido avances significativos en la materia, pero insuficientes para extirparla.
Palabras más/menos, dijo que las circunstancias propician avanzar a una nueva fase de la estrategia de seguridad para el país a partir de cuatro ejes: 1) Prevención, 2) Atención a las causas,3) Inteligencia y 4) Presencia territorial.
En cada una de ellas, dijo, se contará con mandos especiales a cargo de la Guardia Nacional –integrada por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública–, y se fortalecerán los recursos humanos, técnicos y de inteligencia para la atención de las problemáticas particulares.
También informó que se instalarán destacamentos especiales, una las zonas para atender e investigar los delitos con mayor efectividad.
Y ofreció fortalecer la coordinación de las dependencias federales con los otros órdenes de gobierno; redoblar la vigilancia en puertos, aeropuertos, aduanas y cruces fronterizos, así como en las principales rutas terrestres; reforzar las bases de operación mixta en los principales puntos carreteros; incrementar los operativos de revisión en los penales federales y estatales; fortalecer las acciones de prevención y ampliar su cobertura a municipios prioritarios; intensificar la revisión y clausura de giros negros, foco de actividades ilícitas y también de violencia.
La estrategia e intención, son buenas.
Sin embargo…
Hoy, como ayer, persiste la incredulidad ciudadana.
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