La inseguridad pública no es asunto privativo de Tamaulipas, pues igual se padece en toda la geografía nacional, como bien se advierte en los medios de comunicación masiva que, puntualmente, dan cuenta de la lucha cotidiana que las fuerzas armadas libran contra bandas delictivas y en torno a los enfrentamientos entre grupos malhechores.
Esta situación nadie la desconoce. Pero tampoco se pasa por alto la firme disposición del Gobierno estatal para, al menos aquí en la entidad, con apoyo federal por supuesto, procurar el bienestar ciudadano.
Surge este comentario porque al iniciar (ayer) formalmente el período vacacional, el Gobierno de Tamaulipas refrendó su interés de cuidar a los miles de ‘pasaporteados’ –‘héroes paisanos’, les llama Claudia Sheinbaum Pardo–, en su tránsito por el estado y, en coordinación con los gobiernos de Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato, asegurar su libre tránsito hasta Querétaro.
Y lo hace sin ocultar la situación real que estamos viviendo.
Es más, para dar certidumbre a los ‘héroes paisanos’ –que por cierto a Tamaulipas dejan una derrama económica de mil millones de dólares cada año, considerando que tan sólo en Texas hay 800 mil tamaulipes–, sé que ya se ha montado un operativo especial donde participan la Guardia Nacional y el Gobierno estatal, a fin de que las carreteras estatales sean más seguras y en caravanas crucen éstos por la geografía tamaulipeca.
Aquí, en nuestra entidad, tenemos un alto sentido de atención a esos connacionales, pues representan una de las fuentes principales de la economía en varias regiones.
Desinterés
La explosión demográfica de cualquier localidad fronteriza trae consigo problemas que ameritan ser atendidos adecuadamente, pues de lo contrario más temprano que tarde provocarían crisis social y rebasarían todo control de la autoridad.
Entre las disfunciones más comunes sobresalen la inmigración, el desempleo, la inseguridad y la carencia de servicios públicos adecuados.
Cotidianamente somos testigos de las críticas fundadas hacia la alta burocracia de parte de la ciudadanía o sus representantes, al comprobar cómo los funcionarios federales le sacan la vuelta a la necesidad de apoyar con más recursos a los municipios fronterizos que tantos miles de millones de pesos generan al sistema hacendario vía impuestos.
Drenaje, pavimentación, agua potable, alumbrado, seguridad, vivienda, servicios de salud y transporte público, son algunas asignaturas que siempre han estado pendientes de resolver en las ciudades fronterizas, en tanto que éstas crecen a ritmos vertiginosos y los presupuestos se achican ante la problemática.
En este contexto se acarrean verdaderos lastres, y, con todo y la oferta federal de atender el fenómeno para regular el desarrollo urbano acá de este lado, las dificultades siguen al alza porque no existe una adecuada planeación municipal estratégica mediante la cual se visualice el desarrollo y fortalecimiento de nuestra zona limítrofe con Estados Unidos.
Por eso es necesario construir nuevos mecanismos de gestión y administración pública, que permitan a los ayuntamientos fronterizos encarar en mejores condiciones los retos de desarrollo y la competitividad.
Más ahora, ante la amenaza de una deportación masiva de latinos que carecen de permisos para trabajar o radicar legalmente en la Unión Americana, que podría iniciar el mismo día de la toma de posesión de Donald John Trump como inquilino de la Casa Blanca (enero 20 de 2025).
Los alcaldes, aunque saben que es tiempo de impulsar nuevas iniciativas que aceleren la integración regional y fortalezcan el crecimiento de las comunidades fronterizas, no lo hacen, como es en el caso de la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmel Lilia Cantúrosas Villarreal, para quien lo más importante es hacer futurismo, como puntualmente lo han consignado algunos analistas y lo comentan cotidianamente hasta algunos de sus más cercanos colaboradores.
Lo mismo ocurre en municipios como Reynosa y Matamoros, donde Carlos Víctor Peña Ortiz y Alberto Granados Favila han desatendido sus funciones, de atender los servicios públicos para, mediante declaraciones estériles, tratar de ganar espacios en los medios de comunicación masiva.
El caso de los ediles de la llamada frontera chica se cuece aparte, ya que estos han optado por no meterse en problemas políticos que no son de su incumbencia y tratan de llevar la fiesta en paz, haciéndose los omisos.
En fin, esta es sólo una pequeña observación del escenario político-administrativo que, por cierto, refleja la frontera tamaulipeca al inicio del período vacacional decembrino –formalmente el asueto inició en la víspera, diciembre 18–, registrándose en sus territorios harto movimiento por el retorno y/o la visita de miles de migrantes en su tránsito hacia sus estados de origen.
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