El proyecto de reforma electoral que por disposición de Claudia Sheinbaum Pardo será redactado por una comisión encabezada por ella misma, lleva a un nuevo desencuentro con la oposición, porque los trabajos de conducirán en una misma línea, dejando fuera a partidos políticos antagónicos al suyo; a legisladores y académicos, lo que marca una incertidumbre en la materia, lamentablemente.
Y así lo creo porque contiene propuestas que resultan necesarias para adelgazar las multimillonarias prerrogativas de los partidos políticos, de las cámaras de senadores y diputados, los organismos electorales, congresos estatales y los cabildos municipales.
Éstas son bien vistas por el núcleo poblacional, porque, entre ellas, se plantea:
+ La desaparición de 200 diputaciones federales y 32 senadurías, bajo el principio de representación proporcional;
+ El retiro de financiamiento público a los partidos políticos para gastos ordinarios; y
+ La disminución de consejeros electorales.
Sin embargo, la oposición tilda a este proyecto de atentatorio contra la soberanía de los 32 estados y los 2 mil 446 ayuntamientos (que existen en el país), al ésta no ser tomada en cuenta para redactar el documento, cuya pretensión es:
+ Reducir el número de legisladores en los congresos estatales; y
+ Regidores.
En septiembre del año que nos antecede, al instalarse el periodo ordinario de sesiones y empezar a discutirse el proyecto lópezobradorista de reforma electoral –en el Palacio Legislativo de San Lázaro–, se procedió a estudiar, analizar, reformar, discutir y corregir todo el contenido de la reforma, que, en esencia, no lo era.
Más bien se trataba de cambiar todo lo relacionado en cuanto a procesos electorales y la composición del Poder Legislativo (federal y estatales).
Puntos estratégicos:
En su pretendida reforma electoral, López Obrador contemplaba:
+ Cambiarle el nombre al Instituto Nacional Electoral (INE), para que en lo sucesivo se llamara Instituto Nacional de Elecciones y Consultas;
+ Disminuir de 11 a 7 el número de consejeros nacionales;
+ Eliminar el financiamiento a los partidos políticos para actividades ordinarias;
+ Desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s);
+ Aniquilar los tribunales electorales locales;
+ Un cambio en el modelo para elegir legisladores;
+ El voto electrónico;
+ Bajar umbral para validar revocación de mandato; y
+ Ampliar las excepciones para que durante los procesos se pueda difundir propaganda gubernamental;
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El proyecto de reforma electoral, en esta ocasión, contempla un ahorro económico sustancial en cuanto a gasto público, pues cada senador plurinominal cobra cada mes 105 mil 600 pesos, más viáticos, telefonía y combustible; aparte, al finalizar el año cobran una gratificación de 40 días de dieta bruta; y se presume que también reciben fuertes ‘cañonazo$’.
En cuanto al salario de los diputados federales, éste alcanza los 75 mil 205 pesos; más prestaciones que incluyen seguro de vida, gratificaciones y viáticos; además mensualmente reciben 45 mil 768 pesos por su asistencia legislativa y 28 mil 722 para atención ciudadana.
Eso sin contar, desde luego, con los ‘moche$’.
Otro dispendio a extinguir, es el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos, que alcanza los 7 mil 003 millones 402 mil 870 pesos.
Y se reparten así.
+ Partido Acción Nacional (PAN): Mil 233 millones, 624 mil 330 pesos;
+ Partido Revolucionario Institucional (PRI): 933 millones, 827 mil 562;
+ Partido del Trabajo (PT): 637 millones 416 mil 085;
+ Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 790 millones 910 mil 008;
+ Movimiento Ciudadano (MC): 921 millones 317 mil 488; y
+ Movimiento Regeneración Nacional (morena): 2 mil 486 millones 307 mil 397 pesos.
¿No pasará?
Hasta el momento, los grupos parlamentarios antagónicos a Claudia han dicho que la pretendida reforma no va a pasar.
Y que será bateada al igual que lo hicieron con el proyecto de reforma política propuesto por AMLO.
Para sacar avante esa iniciativa, la alianza morena-PT-PVEM requiere contar con los votos de las dos terceras parte de la Cámara baja, o sea 334 diputados, que es la mayoría calificada que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reformar su articulado.
Al no contar con esa cantidad, el proyecto quedaría en veremos.
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