La Diputación Permanente reprobó 41 cuentas públicas de entes estatales y municipales, así como de Ayuntamientos, y convocó, para entre 58 dictámenes, someterlas a la consideración del Pleno en Sesión Extraordinaria convocada para este martes.
Aparte, la representación popular que funge en el receso aprobó un acuerdo para investigar, y en su caso, sancionar a los funcionarios de la Auditoría Superior del Estado y a servidores públicos que habrían cometido faltas detectables en las cuentas públicas del ejercicio 2022, las cuales se ordenó revisar exhaustivamente.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, la Diputada Yuriria Iturbe Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó el acuerdo mediante el cual se propone instruir a la Auditoría Superior del Estado para que profundice en la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2022.
La legisladora explicó que, tras el análisis de los informes individuales derivados de la fiscalización de la cuenta pública 2021, se detectaron omisiones al artículo 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, lo que en su momento generó la presentación de una denuncia formal por parte de la anterior Legislatura.
Advirtió que, al haberse aplicado procedimientos similares de revisión en el ejercicio fiscal 2022, existe una alta probabilidad de que persistan las mismas omisiones, ya que no hay evidencia de que se haya verificado el cumplimiento normativo relacionado con la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios.
En ese sentido, el acuerdo presentado propone que se presente una denuncia ciudadana ante la Auditoría Superior del Estado en contra de los servidores públicos responsables de estas posibles omisiones, tanto del órgano fiscalizador como de los entes auditados.
Asimismo, solicita que se profundice en la revisión de las cuentas públicas 2022 y que se informe a este órgano legislativo o, en su caso, a la Diputación Permanente, sobre los hallazgos que resulten.
“Es indispensable garantizar que la fiscalización de los recursos públicos se realice conforme a lo establecido en la ley. La omisión en la revisión del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera por parte de los entes fiscalizados representa un riesgo para la rendición de cuentas y la transparencia”, señaló Iturbe Vázquez.
Finalmente, se instruye al Auditor Superior del Estado para que, a través del órgano interno de control, se integren las carpetas de investigación correspondientes y, si procede, se presenten las denuncias administrativas o penales conforme a la legislación vigente.
