La reforma laboral que contempla reducir la jornada semanal a 40 horas se discutirá mañana en el Senado de la República. Primero en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y la de Estudios Legislativos; y después en el pleno.
Sin embargo, la modificación que se hará a la fracción IV del apartado A del artículo 123 constitucional (como se propone en la iniciativa), genera suspicacias entre trabajadores, sindicatos e iniciativa privada, porque, aun cuando el propósito es que cause efecto gradualmente para reducir un par de horas cada año la jornada laboral (a partir del 2027 y hasta el 2030) no considera si continuará la disposición de un solo día de descanso o serían dos, con goce de salario íntegro.
Ciertamente, todas las fracciones parlamentarias han manifestado su apoyo a la reforma, pero igual su descontento por no observar el proyecto en qué forma se aplicaría la reducción de horas laborables.
Como aporte a la justicia social, tal reforma es necesaria. Pero deben los legisladores también contemplar le situación financiera de los patrones de le mediana y pequeña empresa que, tras el incremento salarial (último), han optado en contratar personal eventual para evitar pagar las cuotas del IMSS e Infonavit, así como impuestos al SAT.
Bajo este panorama, es importante destacar que, desde hace años, se han expresado voces para reducir la jornada laboral, quizá abrevando en la teoría de Henry Ford, quien estableciera en su empresa (allá en el 1926) la semana laboral de 40 horas, con dos días de descanso, pero sin reducción salarial, al descubrir que la semana de 48 horas solo producía un pequeño aumento de la productividad, que duraba poco tiempo.
Este descubrimiento ha inspirado a otras empresas manufactureras a adoptar la semana laboral de 40 horas.
De ahí que, durante décadas, en México se haya propuesto reducir la jornada laboral, aunque sólo hasta hoy se tome en cuenta esta necesidad, en aras de incrementar la producción.
Sin embargo, por lo que se ve, la reforma laboral que viene no tendrá la efectividad buscada, pues mientras no se establezca profundamente un cambio en la reducción de la jornada laboral y los días de descanso, poco se logrará en beneficio de la clase trabajadora.
Lo que tampoco se considera en la iniciativa de esta reforma, es que, sólo afectaría a la iniciativa privada del país, porque al menos las grandes empresas transnacionales y/o multinacionales contratan trabajadores que cumplen jornadas de 40 horas a la semana y descansan dos días, por su atención al postulado de Henry Ford.
Y es, precisamente, la negativa empresarial mexicana (que no paga impuestos ni aportaciones sociales de seguridad social) a la reforma, que, de entrada, los obligaría ponerse al corriente en el rubro seguridad social, hacia sus trabajadores, aunque insisto: la mentada reforma laboral, como está diseñada, de poco beneficiaría al trabajador local, pues los patrones optarían en modificar su estatus contractual y convertirlos en empleados eventuales.
Así que, la mentada reforma laboral, estaría ‘mocha’.
Fiscal anticorrupción
Andrés Norberto García Repper Favila, es el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Hay quienes mucho esperan de él, pero por su formación no aparece como experto en materia de procuración de justicia, aunque sí en asuntos electorales y distintas actividades recreativas.
Antes que él, el despacho fue ocupado por Javier Castro Ormaechea –quien lo estrenara tras la imposición del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca–, Raúl Ramírez Castañeda –como otra imposición del hoy ex mandatario–, y Jesús Eduardo Govea Orozco, en dos ocasiones (una ilegal y otra legal) de donde saltó como fiscal general de justicia.
Sus antecesores tuvieron la oportunidad de integrar carpetas de investigación con pruebas irrefutables para llevar a juicio a delincuentes, cumpliendo estrictamente su función, pero sólo procedieron en contra de la burocracia delictiva de menor monta, facilitando la huida de ‘peces gordos’.
Y eso que, se supone, tuvieron tiempo para documentar delitos. Como el peculado, cohecho, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, malversación de fondos y uso indebido de atribuciones, por ser los más comunes.
Pero no lo hicieron.
Así que el nuevo fiscal anticorrupción estaría obligado a corregir tantas fallas u omisiones cometidas por sus antecesores, so pena de ser señalado también de inepto o incapaz para judicializar las más de mil carpetas abiertas contra alrededor de 1,200 ex servidores públicos. Más las que se acumulen, considerando que la LXVI Legislatura del Congreso local rehusó aprobar cerca de 200 cuentas públicas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, al menos, por detectar graves irregularidades en el manejo de recursos públicos, lo que provocaría acusaciones formales de corrupción ante la fiscalía especializada en caso de que las autoridades, o ex, encargadas de su aplicación, no ofrezcan explicación convincente del destino que se les dio a esos dineros.
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