Subirán a la Plataforma Nacional de Trasparencia la versión íntegra de la información sobre las masacres de San Fernando en 2010 y en 2011 así como la de Cadereyta Nuevo León del 2012.
Esto, luego de que un particular solicitara a la fiscalía la versión digital y gratuita de toda la documentación de estos hechos debido a que los expedientes que la conforman son más de 9 mil hojas y su reproducción tendría un costo elevado lo que llevó a una revisión.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la versión íntegra de la información sobre las investigaciones de la Comisión Forense sobre el secuestro y homicidio de 72 personas migrantes indocumentadas y sobre los cuerpos de 193 personas hallados en 47 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, así como de los restos de 49 personas hallados en una carretera de Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
En este caso, una persona pidió a la FGR la versión digital y gratuita de toda la documentación generada por la Comisión Forense, misma que se constituyó en 2013 para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León, dicha Comisión fue integrada por personal de la FGR, el equipo argentino de antropología forense y diversas organizaciones de la sociedad civil.
La FGR, en respuesta, puso a disposición del particular una versión pública de más de nueve mil páginas para revisarse en la modalidad de consulta directa, así como en copias simples y certificadas, reservando parcialmente la información concerniente al personal operativo involucrado, así como a la confidencialidad parcial de diversos datos personales de particulares.
En las nueve mil 26 hojas, se incluyen minutas, correos electrónicos, presentaciones en power point, dictámenes, perfiles genéticos, informes periciales, actas de reuniones, de recomendaciones y otros documentos expedidos por el referido órgano de carácter multidisciplinario.
La parte recurrente se inconformó primero, por los altos costos ocasionados por la reproducción de la información de miles de copias simples y certificadas; a esa inconformidad, se sumó otra por la clasificación parcial de la misma información.
La persona solicitante requirió al INAI revisar la procedencia de la reserva, pero también de la confidencialidad de la información, bajo la perspectiva de que en este asunto se actualiza la excepción a la clasificación que indica que no puede invocarse el carácter de reservado en información relativa a violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, lo que está plasmado en la fracción primera del artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Una vez admitido el recurso, la ponencia del Comisionado Adrián Alcalá determinó que las constancias que atienden a la solicitud se localizan los nombres de peritos, agentes del Ministerio Público, los cuales en principio son reservados, porque su publicidad podría poner en riesgo su vida, su seguridad y su salud derivado de las funciones operativas que desempeñan, pero tras revisar las recomendaciones 80/2013 y 8/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los criterios de la SCJN, se confirmó que esa información debe ser pública, por aludir a violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Asimismo, se determinó que, al tratarse de información relacionada con violaciones graves de derechos humanos, la FGR deberá incorporar dicha información en la Plataforma Nacional de Transparencia como parte de sus obligaciones de transparencia, de modo que cualquier persona interesada pueda conocerla, sin necesidad de presentar una solicitud de información.
De esta forma, por unanimidad, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta dada por la FGR, por lo que deberá entregar toda la información solicitada de manera íntegra y además subirla a la Plataforma Nacional de Transparencia como parte de sus obligaciones de transparencia, lo que facilitará la consulta pública y expedita de la misma, detalló el Comisionado Alcalá Méndez.
