+ En Querétaro podría replantearse la necesidad de la nueva Carta Magna
+ Reformar las reformas, es práctica política desde el 5 de febrero de 1917
+ El clientelismo electoral va quedando en desuso, pero todavía se practica
Este día, justo al conmemorarse en Querétaro el 106 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política, Andrés Manuel López Obrador aprovecharía la ocasión para (re)plantear la necesidad de redactar un nuevo documento, dado que el actual ya resulta anacrónico.
Pero no sería propuesta original suya. Ni tampoco la panacea que alivie las enfermedades que padece el sistema político mexicano.
Sin embargo, y en el aventurado entendido de que el grueso de la sociedad nos pusiéramos de acuerdo para modificar la Carta Magna, el presidente estaría obligado a ser el primero en respetarla y no malinterpretar su contenido, como lo ha hecho varias veces durante su régimen.
Él ha comentado que es impostergable reformar completamente el contenido del documento para construir una nación democrática donde impere la libertad y la justicia, pero no ha argumentado, puntualmente, cuáles son las fallas, omisiones u obsolescencias que, desde su muy particular punto de vista, presenta la que aún rige el destino del país, aun cuando éstas han sido señaladas una y otra vez por experimentados constitucionalistas que, al abordar el tema, sí ofrecen fundamentos sólidos del por qué es ineludible el cambio.
Documento vigente
Nuestra Constitución Política vigente es la ley más importante que se ha escrito a lo largo de la historia de México. Nos dice cómo debemos comportarnos, vivir juntos en el territorio nacional y encontrar soluciones a nuestros problemas. También es muy clara cuando refiere cómo debe funcionar nuestro sistema de gobierno.
Igual establece que los mexicanos somos libres y que podemos decidir cómo nos queremos gobernar, así como nuestra independencia respecto a otros países –de ahí que se diga que la soberanía reside en el pueblo–; nos indica cuáles son nuestros derechos y obligaciones; da pie a que se creen reglamentos, y, bajo ningún motivo ni circunstancia otorga al presidente en turno un poder omnímodo.
Nuestra Carta Magna cuenta con 136 artículos divididos en nueve títulos y 10 capítulos relacionados con las garantías individuales; la soberanía nacional y la forma de gobierno; la división de poderes; las responsabilidades de los servidores públicos; los estados de la Federación y la Ciudad de México; el trabajo y la previsión social; las prevenciones generales; las reformas a la Constitución; y la inviolabilidad de sí misma.
Su creación es el resultado de la convocatoria que en septiembre de 1916 hiciera Venustiano Carranza al Congreso Constituyente, que se instaló en asamblea el 21 de noviembre de ese mismo año en el teatro Iturbide en Querétaro. Luego de elegir a la mesa directiva (el día 30), Carranza entregó su proyecto de Constitución Reformada el 1 de diciembre del mismo año; el día 6 se designa la Comisión de Constitución que trabajó en el recinto legislativo, y ahí mismo se tomó protesta y firmó la Constitución de 1917, quedando oficialmente en lugar de las de 1814, 1824 y 1857, siendo promulgada el 5 de febrero; y entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año.
Punto de partida
Desde su promulgación y hasta la fecha, inclusive, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido cualquier cantidad de modificaciones; y el 85 por ciento de sus artículos ha sido alterado cuando menos una vez.
A este respecto vale la pena citar lo que en vida sostenía el ideólogo Jesús Reyes Heroles:
“Nuestra Constitución no es un punto de llegada, es un punto de partida; es un texto fundamental que ayuda a transformar una realidad, y que, acatando su propio espíritu, se ha modificado y puede seguir modificándose para regir nuevas realidades, para incorporar en ella nuevos ideales, nuevos métodos de acción, nuevas técnicas exigidas por la complicada sociedad de nuestros días.
“La Constitución corresponde a lo que contemporáneamente se llama una constitución de evolución, conteniendo en su seno auténticas relaciones sociales, cambiantes por su esencia, responde con vitalidad orgánica a estas mutables relaciones, tiene significado esencial y sentido primordial ajustable a nuevas exigencias y facilita, dentro de la legalidad, llenar sus lagunas y anticiparse a nuevas situaciones.
“Por esta naturaleza intrínseca de nuestro texto constitucional, podemos hoy revolucionar en la legalidad, modificando las leyes con las leyes, el derecho con el derecho y las instituciones dentro de las instituciones y siguiendo, precisamente, medios institucionales”.
Reformas reformadas
“A pesar de que (la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) fue la primera en el mundo en garantizar los derechos políticos y sociales, además de los individuales, ésta ya fue rebasada por otras; y la política económica neoliberal de gobiernos anteriores hicieron que perdiera su esencia social y el espíritu por el que fue creada”, dice el estudioso constitucional José Capetillo Trejo.
Y refiere irónico: “Han sido tantas las reformas que se le han hecho a la Constitución, que con todas ellas tal vez hasta podrían haberse hecho otras dos”.
Con Capetillo Trejo coinciden otros especialistas como Ricardo Eloy, Roberto Gutiérrez Barcia, Clemente Valdés S., Macedonio Vázquez Castro y José Ramón Cossío Díaz, quienes además se adelantaron para exhibir (aunque sin querer por el tiempo y circunstancias), claramente, la esencia de la pretensión presidencial:
“El problema fundamental no está en el texto constitucional, sino en la práctica jurisdiccional de todos los días. Así, al inicio de cada sexenio los presidentes en turno han emprendido una serie de reformas constitucionales que tienen como objeto implementar sus programas de trabajo. Por tanto, no son normas jurídicas (lo que proponen). Son reglas políticas de un momento determinado”.
Todavía así, el jefe del Ejecutivo federal quiere a través de sus nuevas reformas constitucionales acotar los derechos sociales e individuales que garanticen la libre manifestación de las ideas y la libertad de tránsito.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿O no?
Ya ve Usted el daño profundo que le han hecho al país con tantas y tantas reformas.
En fin… ¿hoy se trataría de ultrajar otra vez a la Carta Magna?
Clientelismo político
A lo largo de su historia, los partidos políticos se han valido del clientelismo electoral costeado desde las entrañas mismas de la administración pública, en sus tres órdenes, como ha sido evidenciado durante el desarrollo de las contiendas federales, estatales y municipales.
Este intercambio extraoficial de complicidades (entre las autoridades y los políticos con el electorado), no es particular de la burocracia, pues igual involucra al sector privado.
En el primer caso, cada vez que hay procesos comiciales se prometen más bases laborales, mejoras salariales o compensaciones y prestaciones, bonos, la promoción escalafónica y descuentos a sus contribuciones, al ser empleados de gobierno.
También se valen de los dirigentes seccionales encargados de arrimar votos el día ‘D’, a cambio de prebendas económicas o materiales para ‘sus rebaños’.
Sobre el segundo caso, sé que los patrones, por su connivencia con el sindicalismo charro y acuerdos con funcionarios de quienes obtienen favores, orientan el voto de los trabajadores a su servicio, obligándolos a sufragar por quien ellos determinen, so pena de echarlos a la calle.
Y, hasta eso, sin liquidación de por medio.
Esta práctica del clientelismo la han utilizado todos los partidos que se han beneficiado con cargos gubernamentales (en sus tres órdenes).
Durante más de siete décadas el Revolucionario Institucional (PRI) fue el que más provecho sacó del clientelismo, valiéndose de su estancia en la presidencia de la república, las gubernaturas y los ayuntamientos de donde provenían los recursos económicos para sostener ejércitos de votantes.
El membrete albiceleste, por su parte, hizo lo propio a partir de 1989 al ganar la gubernatura de Baja California, con Ernesto Ruffo Appel, quien dio dinero a carretadas al PAN para que allá se perpetuara en el poder hasta el 2019 financiando, de paso, buena parte de las campañas presidenciales de Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quienes fueron harto espléndidos con sus apoyadores.
Hay que recordar que éste último, al finalizar su régimen, creó la figura del servicio profesional de carrera, a fin de que su gente colocada en áreas estratégicas no fuera afectada por su relevo.
Enrique Peña Nieto la oportunidad y el poder presidencial tuvo para no acatar esa disposición de clientelismo partidista, al recuperar para el PRI la jefatura del Poder Ejecutivo federal.
Pero le faltó valor.
Y lo heredó a su relevo, el mentado ‘Peje’.
Y aunque el tabasqueño se ostenta como político liberal e impulsor de la democracia, sus bases siguen siendo clientelares.
Ahora en casi en todo territorio nacional.
Se hace camino al andar
La empatía que existe entre el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y el gobernador de Tamaulipas (Américo Villarreal Anaya), es muy clara.
A lo largo de los primeros cuatro meses de la administración estatal, el mandatario federal ha estado tres ocasiones en territorio cuerudo:
1) El 9 de octubre de 2022 en la refinería ‘Francisco I. Madero’, sita en Ciudad Madero;
2) El 18 de octubre del mismo año, en Ciudad Victoria. Para presentar el plan de apoyo a Tamaulipas; y
3) El 3 del mes que cursamos, también en esta capital, para poner en marcha los bancos para el Bienestar y la incorporación de Tamaulipas a la pensión universal para las personas con discapacidad.
