Solemos referirnos a la estructura orgánica heredada, como manto de corrupción e impunidad del exgobernador y sus cómplices, a la conformada por la Fiscalía General de Justicia, la Auditoria Superior, el Supremo Tribunal de Justicia y la bancada panista en el Congreso Local.
Hay otro ente público, al que regularmente no se le alude, por el bajo perfil con que se mueve y la intrascendencia de sus oficios.
Aunque son, precisamente, esas condiciones de pretendida abulia e incapacidad, las que cierran el círculo de la impunidad y sorna, con que se siguen moviendo los delincuentes del pasado mediato institucional.
Se trata de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Tamaulipas, donde, como en los otros entes jurisdiccionales, la designación de la titular, al inicio del pasado sexenio, con reforma expresa para prolongarla en el cargo hasta la presente administración, se dio en medio de una serie de irregularidades, que le hacen derrocable desde el origen.
La primera y elemental, es que traía una relación de subordinación hacia el exgobernador, para quien trabajo en el pasado y ello inhibía -como lo sigue haciendo y es el motivo de permanecer ahí-, el acotar los excesos del servicio publico.
Y esa no es una, sino toda, la responsabilidad en manos de la institución, que le dio origen y desde la instalación de la hasta ahora titular, perdió vigencia.
Con todo lo grave, que de suyo es ese perfil de complicidad, lo mas lacerante del paso de doña OLIVIA LEMUS por la titularidad de la CODHET, radica en la condición de las víctimas.
La frustración, el enojo, el estado de indefención, la revictimización, la impotencia, generados por la agresión, el despojo, el sometimiento, desde las instituciones, con absoluta impunidad, es la resultante de esta estructura podrida.
La lista es tan grande, como el rosario de inejercicios y dilaciones apilados en los obscuros archivos de la Comisión, pero déjeme le relato un caso, como ejemplo de todo el demás cochinero.
La queja está registrada con el número 157/2021, involucrando la presunción del delito de “desaparición Forzada”.
Es el caso de un septuagenario, enfermo, quien confiesa que solo le pide a Dios, le permita seguir luchando contra la impunidad y corrupción que prolifera, vive y reina, dentro de las autoridades ministeriales del estado.
El señor, presentó una denuncia por tortura en contra de varios agentes ministeriales; la Fiscalía no le dio trámite, por lo que presentó queja ante la CODHET, la que, evidentemente confabuló con los acusados.
Entonces la denuncia se enderezó a través de la Fiscalía Anticorrupción y la respuesta no fue distinta: dilación, complicidades e impunidad.
La víctima, persona de avanzada edad, enferma, de escasos recursos y con residencia en el sur del Estado, habla por teléfono y le dicen en la Fiscalía que no le pueden dar informes.
De manera extraoficial, se le ha dicho que los distintos agentes del ministerio público a los que se les ha asignado el caso, han renunciado y por ello no ha podido avanzar el proceso.
Al hijo, lo condenaron por secuestro; la apelación la tiene desde hace más de año y medio el exfuncionario panista, elevado a Magistrado, JORGE DURHAM, sin resolverla.
Gente del mismo Tribunal le ha dicho al señor, que “todo había sido ordenado de arriba”, presumiendo en la cúpula de la estructura en funciones, corrupta y corruptora, al Fiscal General IRVING BARRIOS.
La instrucción de no cerrar el caso, sino darle largas, pretendería evitar que el inculpado pudiera tramitar un amparo y evidenciar, por enésima ocasión, la confabulación del andamiaje jurisdiccional tamaulipeco, en contra de la ley y a favor del delito; en contra de la ciudadanía y a favor de intereses particulares.
Por eso la pretendida instrucción ha sido evitar a toda costa, que el expediente llegue a los tribunales federales; en la estrategia van las amenazas de por medio al promoverte, intentando hacerlo claudicar en su lucha, lo que evidentemente no hará.
Así es como en la CODHET dictan el sobreseimiento de los casos y se lavan las manos, con la complicidad de asuntos internos de la FGJE, que solo inicia investigaciones, para que aquellos los desechen.
Son muchos los casos de dilación en las carpetas de investigación sobre los que no se actúa, denuncian justiciables y el foro.
En el órgano de control interno, existen quejas que no son atendidas, también con la complicidad del contralor. Encubren los actos indebidos en perjuicio de la gente.
Ese es el caso del adulto mayor, luchando sólo contra el Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción, el Presidente del Tribunal Superior y un magistrado, la Presidenta de la Codheth, el subsecretario técnico y el Primer Visitador.
Todos, confabulando en contra del estado derecho y la Justicia.
¿Hasta cuando?
El solo hecho de su origen y oficios, ponen al andamiaje jurisdiccional del Estado fuera del horizonte en la confianza ciudadana.
Así como hoy, todas sus actuaciones se ven a favor de intereses particulares, del exgobernador y sus cómplices del pasado sexenio, amén de los postores en el mercado, la eventual radicalización de sus posturas, respecto de la nueva administración estatal, estará marcada por la sospecha de la venganza y el origen en los polvos de aquellos lodos.
Por eso la CODHET, resulta inoperante en su actual estructura y dirigencia.
Igual que la FGJE, la FECC, la ASE, el STJE, el TIELTAM y el IETAM, por mencionar a los más conocidos… por sus raíces en el pan-cabecismo siniestro.
La diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, en materia de eventos antisociales, es que hoy no se ocultan las cosas, ni se maquillan, se llaman por su nombre y devienen en actos de autoridad, en sanción y prevención, haciendo prevalecer el estado de derecho.
Casualmente, quienes usaron el aparato de justicia –y pretenden seguir haciéndolo- para suplantar a los delincuentes y sacar raja económica de la intranquilidad social, son quienes ahora magnifican lo que sucede, alentando tratos mediáticos parciales y escandalosos.
Pueden ahorrarse sus inserciones pagadas en medios chilangos.
Aquí, nadie les cree.
Inoperancia
