La mirada de Andrés Manuel López Obrador escrutaba más lejos que lo que un político tradicional mexicano, podía ver. Gobernó hasta donde pudo con el Poder judicial que le dejaron enquistado; y vaya que sintió provocaciones de todo tipo, para obligarlo a utilizar medidas coercitivas para dominarlo.
Entregaron amparos a diestra y siniestra, para debilitar el sistema que AMLO proponía para sanear la justicia y ponerla en manos del pueblo.
Como presidente, Álvaro Obregón, sintió la frustración de no poder maniobrar plenamente para doblegar a las compañías petroleras extranjeras -holandesas, inglesas y gringas-; así de macizo era el poder de los jueces, magistrados y ministros que formaban, en esa época, parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Emilio Portes Gil, como abogado, vio de cerca esa experiencia del Estado posrevolucionario y como presidente, realizó una reforma judicial de facto: nombró nuevos ministros como nunca antes habían sido electos, con la consulta y anuencia de los profesionales del derecho renovó a la SCJN con miembros de la comunidad experta en la disciplina de impartir justicia.
López Obrador no cayó en la provocación, que debilitaría a su gobierno porque se transformaría en munición para la retórica de las derechas nacional y extranjera.
Como Portes Gil el presidente López Obrador, respondió con un cambio en el sistema judicial -esta vez de jure-: una reforma constitucional que llevó al Poder judicial a resolverse en las urnas.
¿Por qué insistió tanto AMLO en esa reforma?
¿Por qué consideró como una herramienta fundamental para la profundización de su proyecto?
Lo hizo para no heredar a Claudia Sheinbaum un problema; no dejarle intocado, uno de los más poderosos grupos de presión de los conservadores, que lo hicieron su instrumento para sobrevivir al cambio verdadero.
De hecho, la más feroz oposición a AMLO no provino de los partidos políticos, ni de los grupos económicos que vieron achicados sus intereses con el abandono de las prácticas neoliberales; vino sí, de los jueces, magistrados y ministros que decidieron representar a los señores del dinero y no a las mayorías mexicanas.
¿Con el viejo Poder judicial, la presidenta Sheinbaum podría tener esa posición nacionalista y patriota ante los EUA?
Difícilmente.
Con un Poder judicial militante en las filas de la derecha, no podría haber obligado a los super millonarios a pagar sus impuestos; ni les habría, restado miles de millones de pesos que eran dirigidos a los grupos desestabilizadores del país; ni mucho menos impartir justicia para todos.
Por esos actos -y otros no menos importantes- Emilio Pores Gil y AMLO, son de los escasos estadistas que ha dado México para el mundo.









