La mentada ‘Ley Comaye’, impulsada por la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo (morena), con el rollo de crear un ‘colegio de periodistas’ que vigile la ética y el ejercicio informativo, fue ‘congelada’.
Pero eso no basta para limpiar la afrenta contra la libertad de expresión.
Por tanto, debe seguirse el proceso legislativo para darle el curso legal a esa iniciativa.
Y que, en comisiones, de plano se deseche por improcedente.
Al justificar la promoción de tal documento, la diputada argumentó que lo hizo a petición de un colectivo sureño (bajo el membrete ‘Periodistas Coper’), pero sin revelar nombres, aunque se ha filtrado que lo encabeza un mentado Liborio.
Esto lleva a suponer que no existen, por lo que sería sano que en sesión plenaria sus homólogos le exigieran hacer públicas sus identidades, pues, de otra forma, la blindarían y encubrirían una vil mentira, abonando al descrédito de la LXVI Legislatura del Congreso local.
Un gran número de profesionales de la comunicación ha alzado su voz y con razón justa, pues la iniciativa entraña establecer un cuerpo colegiado con facultades para recibir quejas contra periodistas, emitir ‘recomendaciones’ de carácter ‘ético’ y aplicar ‘extrañamientos públicos’, sobre su labor informativa.
De parte del Gobierno estatal, igual hay rechazo a ese ‘amordazamiento’ pretendido, por considerarlo un atentado contra la libre expresión.
Incluso, algunos diputados, alcaldes, dirigentes partidistas y aspirantes a las candidaturas por venir han externado (quizá sólo de dientes hacia afuera) su desacuerdo con tal proyecto de la ‘Ley Comaye’, pero tampoco basta para olvidar la ofensa.
Así que lo mejor, es que Cynthia ‘cante’.
Que revele quiénes le pidieron promover su iniciativa.
No para provocar una ‘cena de negros’, pero sí para preguntarles el por qué su canibalismo, si en verdad se tratara de periodistas.
Libertad de expresión
Un tema que debe quedarles en claro a la diputada Jaime Castillo y al grupo que supuestamente le solicitó crear el ‘Colegio de Periodistas de Tamaulipas’ –con facultades para supervisar la ética y el ejercicio informativo–, es que la libertad de expresión es un precepto constitucional que no se compra ni está en venta.
La libertad de expresión es el credo de los hombres comprometidos con la verdad.
Un derecho que tenemos para comunicar, digna y serenamente, todo lo vano y útil que gira en nuestro entorno.
Sin embargo, hay individuos que no la admiten. Seres que la desprecian porque la verdad lacera. Y molesta, cuando toca los puntos más vulnerables de la naturaleza humana.
La libertad de expresión alienta el misticismo de quienes hemos hecho del ejercicio periodístico nuestra razón de ser.
Es la forma y el fondo de la objetividad.
Pero muchas veces se le confunde con el libertinaje.
Y los encargados de ‘prostituirla’ son, precisamente, aquellos que la utilizan para denostar y entrometerse en la vida privada de nuestros semejantes; o, simple y llanamente, para ensalzar las ‘virtudes’ de sus amigos o difamar a los que creen sus enemigos.
La libertad de expresión, incluso, cuando es mal entendida por la ignorancia inherente de quienes se ostentan como periodistas sin serlo, provoca que en ocasiones se confunda a los informadores éticos y profesionales con los mercenarios que al amparo de los artículos 6º y 7º constitucionales cometen todo tipo de fechorías.
Refiero esto porque mucho me desilusiona ver que, en Tamaulipas, hay todavía farsantes que usurpan la función de quienes ejercemos el periodismo puntualmente, y con la complicidad de políticos tratan de imponer mordazas.
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