La Guardia Nacional cuenta con una nueva ley, donde se determina que su integración estará a cargo de personal militar, con formación policial; y será dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sus funciones son salvaguardar la vida, libertades, seguridad, bienes y derechos de las personas; preservar el orden público y la paz social; ser la encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y podrá investigar delitos bajo el mando del Ministerio Público –pero respetando el debido proceso–, y podrá coordinar las acciones con municipios y estados para cumplir fines de seguridad pública.
Inclusive, participará en funciones de auxilio al Ministerio Público; y la Sedena podrá operar organismos propios de inteligencia, coordinados con el Centro Nacional de Información (CNI).
Mucha de esas tareas –según el decreto publicado en mayo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación–, ya estaban bajo su mando, con todo y que la Guardia Nacional no ha podido reducir, desde su creación (febrero 28 de 2019) los índices de violencia, pese a los (+/-) 134 mil elementos que la integran.
Y ha fallado, según comentan, porque la mayoría de sus efectivos, a la fecha, son desecho de varias corporaciones aniquiladas, como las policías Federal, estatales, ministeriales (otrora, judiciales), municipales y rurales, proclives a mantener nexos o ser parte de grupos delincuenciales.
De ahí que en esta nueva etapa los ‘operativos fuertes’ corran a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana, el Ejército y la Marina, aunque solamente en apariencia asomen subordinadas a la Guardia Nacional que comanda el General de División de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, ya que al menos las policías Militar y Naval, por su misma instrucción, nada más se reportan con su mando superior. Es decir, con los secretarios de la Defensa Nacional y Marina.
¿Y qué papel jugarían las corporaciones policiacas estatales y lo que resta de las municipales?
Hasta donde auguro tendrían que sujetarse a las nuevas instrucciones del alto mando de la Guardia Nacional –el operativo a cargo de la milicia; y, el administrativo, de personal civil–, al menos en lo sucesivo, de acuerdo a la nueva Ley de la Guardia Nacional aprobada en la víspera, en lo general, ya que hay reservas que aún se discuten en lo particular allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
¿Esto significa una militarización?
En un plano utópico, sí; pero es el aspecto estricto, no, ya que ninguna autoridad del Poder Ejecutivo –federal, estatal ni municipal–, por ahora, es de corte militar.
Así que no hay por qué alarmarse, todavía.
Y menos por el apoyo presidencial brindado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien tiene voy y voto en la estrategia contra la inseguridad.
Sin embargo, esa nueva ley de la GN dispone que las fuerzas militares patrullen y vigilen calles y avenidas, igual que a la sociedad en su conjunto, mientras gran número de sus elementos son capacitados para accionar de manera permanente en los territorios más conflictivos del país.
Esta disposición, por supuesto, desagrada a varios de los mandatarios estatales por prever que se trataría del inicio de una movilización castrense y/o atentatoria contra la soberanía de las entidades en su forma y acciones de gobierno.
Desde la creación de la Guardia Nacional, hubo gobernadores que en ese momento advirtieron que la GN bajo ninguna circunstancia debía ser clonada con las fuerzas armadas, porque al hacerlo se conduciría a la militarización del país.
Sugirieron, entonces, formar policías, capacitarlos para tener claros los controles de confianza, pagarles mejor y supervisaros de cerca a fin de que no fueran cooptados por agrupaciones criminales.
El tiempo les ha dado la razón, pues si bien es cierto que la GN poco a poco le ha ganado terreno a la delincuencia, también lo es que sus algunos de los soldados o marinos se han excedido en sus atribuciones y por eso al comprobárseles sus desviaciones, han sido dados de baja.
No sé si han sido consignados, pero sí que ha sido separados de sus cargos.
Ante la nueva Ley de la Guardia Nacional, desde hace días se dejaron escuchar expresiones de inconformidad, pero ciertamente la disposición es irreversible. por parte de los legisladores, y en breve será publicada.
¿Lo que sigue es la militarización de México, so pretexto de que sean las fuerzas armadas quienes lleven a cabo las tareas de seguridad pública en todo el país?
Así interpreta el grueso de la población la nueva ley.
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